Efpia solicita una revisión urgente de la directiva para evitar un impacto desproporcionado y proteger tanto el acceso a los medicamentos como la viabilidad de las políticas sanitarias europeas.
La industria farmacéutica, comprometida con la gestión medioambiental y, en particular, con el uso responsable del agua, ha manifestado inquietudes ante el impacto de la Directiva sobre el Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas en la competitividad de la industria y en los pacientes europeos. La Federación Europea de la Industria Farmacéutica (Efpia), a la que pertenece Farmaindustria, considera que la normativa propuesta puede repercutir en el abastecimiento de medicamentos críticos y en la capacidad de desarrollo de productos más sostenibles.
Desde Efpia, se cuestiona que la directiva responsabilice casi exclusivamente a los sectores farmacéutico y cosmético por la contaminación del agua, ignorando otros sectores que también generan microcontaminantes. Además, se ha criticado la cifra oficial de la Comisión Europea (CE), que atribuye el 92% de la carga tóxica a estos productos, mientras que Efpia estima una proporción mucho menor, en torno al 10%.
Efpia también ha advertido de los costes subestimados por la CE para el tratamiento cuaternario del agua, estimado en 238 millones de euros, cuando los análisis independientes de países como Alemania y los Países Bajos elevan las cifras a entre 885 millones y 11.300 millones de euros anuales. Las empresas farmacéuticas, cuyas tarifas están reguladas, no pueden repercutir estos costes sin afectar su operación, afectando finalmente a los pacientes europeos.
Nathalie Moll, directora general de Efpia, ha destacado que "la industria farmacéutica está dispuesta a contribuir en la reducción de la contaminación del agua", pero subraya que la directiva debería basarse en principios de equidad y proporcionalidad, exigiendo que todos los sectores contribuyan bajo el principio "quien contamina paga".
Efpia solicita una revisión urgente de la directiva para evitar un impacto desproporcionado y proteger tanto el acceso a los medicamentos como la viabilidad de las políticas sanitarias europeas.
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